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INCENDIOS EN LA CHIQUITANIA; LA PACHAMAMA Y LOS MATRICIDAS

Ovidio Roca

El interés electoral y demagógico prima sobre la aplicación de la norma técnica de beneficio ciudadano”. SNCHY

Algunos servidores públicos y para quedar bien con sus jefes, han calificado de discriminatorio y regionalista el pedido ciudadano de desalojo de los ocupantes ilegales de tierras en la Chiquitania, dando un sesgo político e ideológico a algo que es legal y con base científica. Lo que  en realidad se busca es el respeto del ecosistema, del buen uso y respeto a las tierras y del medio ambiente y esto en salvaguarda de nuestra supervivencia.
No se trata de discriminar entre cambas y collas, sino de cumplimiento de la ley, pues el Gobierno desconociendo a la Gobernación y los Municipios otorgo tierras que por su vocación y por disposiciones legales del PLUS no pueden ser utilizadas para uso agrícola y peor aún, tierras que son intangibles por ser Parques, Reservas Naturales y TCO.
El Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, parágrafo dos, numeral 38, indica que una nueva ley de tierras debe delegar a las autoridades autónomas (Gobernación, municipios e indígenas) la distribución de las tierras fiscales. !!! Que hicieron al respecto, durante todos estos años los Parlamentarios autonomistas!!!.

En Cabildos multitudinario realizados en varios Departamentos del país, los ciudadanos bolivianos preocupados por la destrucción de los bosques, el ecocidio y la destrucción de la madre tierra que producirá  el cambio climático y afectara el futuro de sus hijos, exigieron abrogar las leyes y D.S. que aprobaron los desmontes en la chiquitania.

Los Dirigentes del Comité Cívico pro Santa Cruz han solicitado específicamente el desalojo de los colonos asentados ilegalmente en tierras de la Chiquitania y también que se juzgue a quienes autorizaron esta entrega que produjo la quema de millones de hectáreas de bosques por estas dotaciones, en suelos que no son aptos para la agricultura y especialmente en los Parques Naturales, Áreas Protegidas y TCO, generando con ello un ecocidio masivo de plantas y animales.

En los años noventa, preocupado por el mal uso que se daba a las tierras CORDECRUZ con apoyo de la GTZ de Alemania, investigo y elaboro el Plan de Uso del Suelo para el Departamento (PLUS). Con él se reglamentó el uso y protección de los suelos, bajo la lógica que éstos deben ser utilizadas de acuerdo a su vocación o como se dice, de su capacidad de uso mayor. Usar las tierras para usos no compatibles con su vocación y capacidad no es bueno para nadie, salvo para los politicastros y especuladores.

El 21 de septiembre de 1995 se aprobó el PLUS mediante D.S. No 24122 y el año 2003 se lo hizo mediante Ley de la República Nº 2553.
Este Plan establece los usos autorizados para las tierras del Departamento y por su parte los Municipios hicieron lo propio y a mayor detalle en su territorio, incorporando sus particularidades, resguardando su paisaje y creando Áreas protegidas municipales, Áreas de preservación e incentivando el establecimiento de Reservas Privadas de Patrimonio Natural (RPPN).

Está claro que el buen uso de las tierras no está en la lógica de los matricidas pachamamistas del MAS y la entrega de tierras a los colonos en territorio cruceño y oriental sin conocimiento de la Gobernación y los Municipios autorizando su chaqueo y quema, es una estrategia de colonización y sustitución poblacional y de captura de votos para las próximas elecciones.

Desde que el MAS tomo el poder ha acarreado a Santa Cruz, a Pando y al Beni, cientos de miles de colonos (mitimaes) para consolidar su dominio sobre el territorio oriental, con la estrategia racista de contar con el voto de esas comunidades andinas y mantenerse indefinidamente en el poder.

La Fundación Tierra publicó que en Santa Cruz entre el 2006 y 2016, sólo el 4% de los beneficiarios de la dotación de tierras fiscales fueron indígenas del oriente, el resto fueron entregadas a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y a la Confederación de Interculturales de Bolivia de procedencia andina.

Dicen que así nomás había sido y la pregunta es ¡!hasta cuándo!!. El principio de subsidiariedad nos indica que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del problema por lo que el cuándo, será el momento en que los ciudadanos tomen responsabilidad de su destino en un Régimen Federal.
Los impuestos deben cobrarse en los niveles Municipales y dar participación a los niveles Departamentales y Nacionales. La dotación de tierras fiscales cumpliendo las normas de uso del suelo debe ser de competencia Municipal y así por delante, como lo prevé la Constitución.

ovidioroca.wordpress.com

 

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INFORMALIDAD, ILEGALIDAD Y COOPERATIVAS MINERAS

INFORMALIDAD, ILEGALIDAD Y COOPERATIVAS MINERAS
Ovidio Roca
Desde la época colonial, Bolivia país asentado en las montañas andinas, al centro del continente y lejos del desarrollo costero y el comercio marítimo, fundó su economía en la explotación de las minas (especialmente de minerales preciosos como la plata) y la mano de obra indígena. En consecuencia no se incentivó una estructura productiva diversificada y menos una cultura industrial tecnológica capaz de generar empleo para su población.
Es tanto así, que los campesinos que siguen migrando a las ciudades, al no encontrar empleo lo inventan y crean una diversidad de oficios de baja tecnología: en el transporte, el comercio, la artesanía, la construcción, los servicios. Se apoderan de las calles y plazas e instalan sus quioscos y sus pequeños talleres; los menos pobres establecen microempresas unipersonales o familiares de subsistencia, de tecnologías simples y escasa inversión, bajísima rentabilidad y bajos salarios, precarias condiciones de trabajo y desprotección en el campo de la seguridad social.
Estos sectores informales producen bienes y servicios necesarios y autorizados, pero carecen de licencias y registros para ejercer sus actividades económicas, no dan facturas, ni pagan impuestos. De manera que en su actividad diaria se encuentran en conflicto entre las formalidades y normas de la economía y sus propias actividades informales, lo que los impulsa a agremiarse como forma de autoprotección; y luego haciendo uso de su capacidad de organización y movilización, se vincula a los movimientos populistas en busca de protección y poder político.
En los últimos años con el auge de los precios de los minerales y la permisividad gubernamental para el cultivo de la coca, se ha impulsado una cultura de la ganancia fácil e inmediata, la que se logra, sin necesidad de mayores aportes de capital y tecnología en el sector de la coca, de los minerales y el lavado de dólares. De esta manera muchos grupos informales, en busca de mayores ganancias, han derivado hacia una economía ilegal y delincuencial; de contrabando masivo, narcotráfico, cultivos prohibidos, tráfico de vehículos robados, de armas y el blanqueo de capitales.
Una de estas actividades de alto impacto negativo, inducida por el auge de precios y la permisividad, es la que realizan cientos de pequeñas y medianas empresas mineras bajo el rotulo de “cooperativas”, llamadas así para darles un tinte social. Estas “cooperativas” prevalidas de alguna protección política, están apropiándose de tierras agropecuarias, reservas mineras estatales y concesiones de propietarios privados. Estas organizaciones no pagan impuestos e incumplen toda clase de regulación, habida y por haber.
La minería cooperativista, se la realiza en condiciones precarias y con poco capital y escasa o ninguna tecnología y sobre todo sin el mínimo cuidado por el medio ambiente; en consecuencia se destruyen y contaminan acuíferos, se envenenan las aguas y los ríos con mercurio, arsénico y otros productos altamente contaminantes y se lo hace así, como ellos lo dicen, “porque son pobres” y asumen que la ecología es una moda de los ricos, olvidándose que la ecología somos todos los demás y que tenemos derecho a que respeten el ambiente en el que todos vivimos.
Últimamente y con la nueva ley minera, se extiende el área de concesiones hacia Santa Cruz y el precámbrico, área que cuenta con minerales no tradicionales, como oro, tantalio, piedras semipreciosas, uranio, y otros como hierro, calcáreos. Esta actividad extractiva y sin mayor control, afecta especialmente a la ganadería de la Chiquitania donde se encuentra el sesenta y cinco por ciento de la ganadería departamental. Los propietarios sufren por la invasión de los cooperativistas mineros en sus propiedades, por el aprovechamiento desmedido de las aguas de los arroyos y el envenenamiento con mercurio tanto de las aguas, como de las pasturas y el ganado.
Estos “cooperativistas” se están asociando con empresas ilegales brasileñas que les alquilan sus maquinarias haciendo grandes ganancias sin comprometerse directamente con la depredación minera de los cooperativistas, quienes tienen la protección de sectores del gobierno. Esta práctica extractivista de personas y grupos con poder e influencia política, generan además de riqueza fácil, una cultura, “usos y costumbres” que impiden cualquier cambio tecnológico y cuidados ambientales que encarezcan sus operaciones.
Este tipo de economía informal e ilegal que tenemos en el país no genera desarrollo sostenible ni contribuye a construir un país próspero y menos aún en este nuestro único planeta, cada vez más globalizado e interconectado y en el cual las inversiones y por ende el progreso se radica donde existe libertad e institucionalidad y donde se concentra la innovación, la inteligencia y las habilidades personales.
Sin embargo, dadas nuestras condiciones de atraso tecnológico y empresarial, necesitamos en una primera etapa apoyar y modernizar a esa gran masa poblacional que actualmente trabaja en la informalidad, facilitando y abaratando el costo de su formalización y capacitando a las personas para hacer lo que saben, pero con más eficiencia y dentro de un modelo de respeto de normas ambientales y al prójimo. A su vez un trabajo necesario y urgente es ir controlando y eliminando las actividades ilegales de procesamiento de coca, minería informal, contrabando y lavado de dinero.
ovidioroca.wordpress.com

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